La exministra de Relaciones Exteriores Karen Longaric examina los aspectos medulares del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el Silala.
La también experta en Derecho Internacional hace notar que el Gobierno del expresidente Evo Morales no actuó con transparencia en este asunto de Estado, que usó el litigio con fines políticos internos —como en el caso de la demanda marítima ante la CIJ— y que prolongó innecesariamente el proceso con una contrademanda, una vez que se admitió, en la contramemoria, que el Silala era un curso de agua internacional. Afirma, en consecuencia, que Morales y sus colaboradores tienen responsabilidad política por el resultado de este proceso.
La Corte ha reiterado que este principio implica derechos y obligaciones que los Estados ribereños deben cumplir recíprocamente; en consecuencia, ninguno de ellos podrá invocar mejor derecho o derecho preferente, ni privilegios de ninguna naturaleza.
Bolivia y Chile están obligados a mantener una relación cooperativa y constructiva con respecto del uso de este recurso hídrico, tal como lo hacen otros países que son ribereños de cursos de agua compartida. L.T
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